¿Está España descuidando su industria espacial?

Por Jesús Pérez Blanco, miembro de la Junta de Gobierno de la SAE.

  • En 2018 el sector espacial nacional facturó 860 millones de euros. Esta nutrido por 3.900 profesionales ampliamente cualificados, con tecnologías propias y reconocido prestigio a nivel mundial.
  • En el Congreso del Espacio celebrado en 2019 con apoyo de varios Ministerios, se presentó la Agenda Sectorial espacial con las medidas para potenciar el sector.
  • La Agenda propone crear una Entidad única de gestión de la política espacial que coordine los intereses de todas los organismos e instituciones públicas, optimice los recursos y agilice la interlocución en los foros de decisión de un mercado global muy competitivo y exigente.
  • Mientras, la Generalitat ha lanzado un proyecto de ley para crear la Agencia Catalana del espacio y el lanzamiento de varios satélites. ¿Nos están señalando el camino o constituye una nueva provocación? ¿Quién asume las responsabilidades del Estado según los Convenios y Tratados de la ONU sobre el espacio?

En octubre de 2019 se presentó la Agenda Sectorial de la Industria Espacial Española en el Congreso del Espacio organizado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, TEDAE, en estrecha colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el de Ciencia e Innovación y el de Universidades.

Las previsiones que recoge la Agenda para el mercado internacional Upstream (vehículos espaciales, lanzadores y segmento terreno) alcanzará en 2022 los 11.400 millones de euros, con un crecimiento del mercado comercial del 16%, planteándose como objetivo nacional crecer en este mercado el 7.5% en el plazo de cinco años y alcanzar los 18.000 profesionales empleados. En la parte del grupo Downstream (actividades de explotación de la tecnología) alcanzará los 22.000 millones de euros también en 2022.

Se anticipan por tanto grandes oportunidades de futuro para la participación de nuestras empresas, si bien la inversión pública y la participación institucional seguirán siendo sus principales motores. En el ámbito de los proyectos, los pilares principales se constituyen alrededor de los programas de la ESA, y de la Unión Europea, los programas nacionales civiles y de defensa, la cooperación bilateral con organismos como NASA, CNES o Roscosmos, así como los programas de I+D+i específicos para espacio y los proyectos de Hispasat, Hisdesat e INTA, que ejercen un importante efecto tractor.

Mención especial merece el Programa Espacial de la UE en el próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027), con un incremento hasta los 2.300 millones de euros, y con el desarrollo de diferentes componentes (Copernicus, Galileo-Egnos, SST y Govsatcom), complementarios a los de la ESA y actualmente en desarrollo.

La comunidad científica española es líder en investigación espacial en áreas como la observación terrestre y cambio climático, astronomía y exploración como la de Marte (el espectrómetro a bordo del Rover de la misión Exomars) o el Sol (instrumentación del satélite solar Orbiter), o la exploración humana del espacio, como la infraestructura Melissa de Barcelona, que desarrolla los futuros sistemas de soporte de vida para las misiones tripuladas de larga duración.

Ministro de Ciencia presidiendo la reunión de la ESA en SEVILLA 2019. Foto ESA

Para poder abordar con éxito ese ilusionante panorama de futuro, la Agenda Sectorial establecía como prioridad un Plan Estratégico para el Sector que garantice un marco estable, que tenga en cuenta el papel creciente de la UE y la cada día mayor conexión entre espacio, defensa y seguridad, y que aumente el tamaño y la capacidad de las empresas. Como medidas de actuación concretas, propone;

  1. Incrementar la inversión pública en proporción al peso económico de España,
  2. Reforzar la presencia institucional en los foros de decisión internacionales.
  3. Asegurar la adecuada participación española en los programas de la ESA y de la UE,
  4. Establecer un Plan Nacional de Sistemas Espaciales
  5. Impulsar el Plan Nacional de Espacio (parte del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del Ministerio de Ciencia y Universidades).
  6. Por último, propone dotarnos de una entidad única de gestión de la política espacial, que coordine los intereses de todas los organismos e instituciones públicas que utilizan las infraestructuras espaciales, optimice los recursos y agilice la interlocución en los foros de decisión de un mercado global muy competitivo y exigente.

Dichas propuestas permitirían aprovechar la favorable coyuntura derivada de una serie de proyectos de alcance internacional en los que España debería estar presente y permitirían “desplegar todo el potencial de nuestro tejido industrial e impulsará el de toda la comunidad espacial española”.

ESA Space Lab. Foto ESA

La situación actual y las medidas de la AGENDA.

De todas las medidas anteriores, parece que sólo la correspondiente a nuestra participación en la ESA ha sido atendida pues en abril de 2019 el Consejo de Ministros aprobó incrementar el techo de gasto para la Agencia Espacial Europea (ESA) en 701,7 millones de euros para el periodo 2020-2026, hasta un total de 1.658 millones. De esta forma España es el quinto país contribuyente de la ESA con una tasa de retorno de la inversión de tres euros por cada euro invertido según cálculos de la propia ESA.

No obstante, la situación no es ni mucho menos tan positiva en otros ámbitos y como recogía el Plan Director de Sistemas Espaciales elaborado por el Ministerio de Defensa en 2015, los satélites de comunicaciones tales como el SpainSAT o Xtar-EUR y de observación como Helios IIA y Helios IIB o el PAZ, se encontraban al borde del final de su vida operativa entre 2019 y 2022.

Dicho Plan estimaba unas inversiones del orden de 1.740 millones de euros para cubrir las capacidades necesarias en comunicaciones, observación, navegación durante los próximos 15 años a contar desde 2016.

En 2018, el Ministerio de Defensa inició la revisión del citado Plan al no haberse cumplido muchos de los proyectos previstos en el corto plazo debido a las restricciones presupuestarias sobrevenidas, con la única novedad del lanzamiento en 2018 del satélite de Observación PAZ

El pasado mes de diciembre sufrimos un duro revés estratégico al fallar en el lanzamiento el cohete portador VEGA, arrastrando la pérdida del satélite de observación terrestre SEOSAT- INGENIO y los 200 millones de euros que costó. Era la primera misión espacial totalmente desarrollada en España en el marco de un programa de la Agencia Espacial Europea. Las imágenes de este satélite complementarían los datos obtenidos con la tecnología radar del satélite español PAZ, lanzado en 2018, y permitirían que España fuera autónoma en la observación terrestre.

Sobre la posibilidad de que España fabrique otro Ingenio, el CDTI afirma que “todos los asuntos están en las agendas de las reuniones” pero no ha habido ninguna resolución. Francia que también perdió otro importante satélite en el accidente, estaba ya en el mismo diciembre, planteándose las medidas para sustituir la perdida.

En el campo de los lanzadores, el español MIURA 1 no ha podido cumplir su fecha prevista de lanzamiento debido a problemas con el motor cohete.

No obstante, la actividad industrial en el ámbito del espacio en nuestro país, está desarrollando importantes proyectos, propios o en colaboración con empresas europeas y americanas, lo que hacen cada vez más necesarias la implementación de las medidas contenidas en la Agenda, las cuales, salvo lo indicado a la participación en la ESA, está a falta de desarrollo o actuaciones concretas.

Las responsabilidades del Estado a la luz de los Tratados de la ONU sobre explotación del espacio. La importancia de la creación de una Entidad de gestión nacional y la Agencia catalana del espacio.

El artículo VI del Tratado de la ONU sobre el espacio ultraterrestre se refiere a la responsabilidad de los estados, afirmando que

  • las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado Parte en el Tratado” y
  •  que los Estados Partes “serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre […] los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales”.

Conviene por tanto tener en cuenta dichas obligaciones a la hora de decidir de qué forma y en qué medida ejercemos dichas obligaciones en España.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, en el plan industrial la Agenda añade lo siguiente:

La gestión y defensa de los intereses nacionales en materia espacial, se desarrolla en un entorno internacional complejo, competitivo y muy exigente, que incluye un buen número de organizaciones y agencias internacionales, tales como la Comisión Europea, la Agencia Europea del Espacio (ESA), la Agencia Europea de la Defensa (EDA), la Agencia Europea de Navegación por Satélite (GSA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat), etc.

La llegada de nuevos actores e inversores privados a la actividad espacial, es imparable como lo demuestra las iniciativas en otros países, en particular USA o UK. Este nuevo contexto industrial requiere una actividad administrativa importante en el ámbito regulatorio, dada la escasa actividad en este campo de nuestro país en los últimos 25 años que escasamente llega al desarrollo de un reglamento para el registro de satélites lanzados al espacio.

Proyecto de Elon Musk Space X, Crew Dragon. Foto NASA

En el ámbito institucional, las administraciones públicas como la Generalitat están desarrollando un Programa espacial propio que incluye la creación de una Agencia catalana del espacio, así como el próximo lanzamiento de varios satélites.

Los convenios y tratados de Naciones Unidas sobre explotación del espacio, están prácticamente faltos de cualquier otro desarrollo nacional para su despliegue en nuestro país y con ello facilitar la actividad privada y de las administraciones públicas en España.

En la actualidad existe una considerable fragmentación de responsabilidades de gestión entre diversos Ministerios y organismos públicos con intereses y competencias en materia espacial. La Comisión Interministerial de Política Industrial y del Espacio, constituida el 28 de enero de 2015, viene a cubrir solo en parte esta necesidad al tener como objetivo la coordinación y seguimiento de los aspectos industriales y tecnológicos de la política nacional del espacio.

Por necesidades del sector y evitar ningún malentendido político interno con las consecuencias que ya conocemos en otros ámbitos, es imprescindible avanzar en el establecimiento de un órgano dentro de la Administración del Estado con las funciones siguientes:

  • Represente a nuestro país en las organizaciones internacionales,
  • Defina la política espacial,
  • Desarrolle la normativa necesaria en aplicación de los convenios y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio (*) que sean necesarios (responsabilidad, seguros, autorizaciones, etcétera),
  • Coordine los intereses de todas los organismos e instituciones públicas que utilizan las infraestructuras espaciales.

La respuesta del Gobierno a una reciente Pregunta Parlamentaria relativa a la creación de la Agencia Catalana del espacio incide en la competencia estatal en materia de gestión del espacio aéreo y ultraterrestre y asegura que el “Gobierno garantiza la unidad de acción en materia de seguridad aeroespacial”.

La respuesta desde mi punto de vista es insuficiente y no aclara aspectos tales como qué órgano autorizará la actividad y realizará la fiscalización de la misma. Claro que tampoco la Pregunta Parlamentaria se interesó por estas cuestiones lo cual no quita para que desde la plataforma técnica que es la SAE, nos preocupe este vacío ya que puede perjudicar el desarrollo de la actividad nacional, institucional o privada , y además generar la confusión propicia para un nuevo conflicto político que será tanto mas irremediable cuanto mas tarde se adopten las medidas que lo eviten;

  • Definición del Órgano estatal que asuma estas competencias en nombre del estado,
  • Desarrollo legal y reglamentario necesario para el ejercicio de estas competencias. 

(*) Tratados de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. Convenio sobre el registro de ob­jetos lanzados al espacio ultraterrestre. Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales.

Madrid, 20 de febrero de 2021